¿Tenemos que apoyar a Argentina?,

por Germán Concha Zavala, Abogado (*)

En los últimos días han aparecido en la prensa diversas opiniones en el sentido de que Chile estaría virtualmente obligado a apoyar la reclamación que Argentina ha reiterado respecto de las islas Falkland (Malvinas).

Los argumentos que se han esgrimido para fundamentar tales opiniones parecen apuntar, principalmente, a la calidad de vecino de Chile que ostenta la nación reclamante y a la condición de país sudamericano que con ella compartimos. A partir de ellos se ha llegado a sugerir, incluso, que una eventual negativa a brindar el aludido apoyo representaría una falta de respeto de nuestra parte.

Sin querer faltar al debido respeto a la República Argentina, a sus autoridades y a su pueblo, resulta razonable discutir los antes señalados argumentos, pues ellos no parecen del todo convincentes para justificar el apoyo a que se ha hecho referencia.

En primer lugar, porque puede estimarse exagerado, e incluso contrario al sentido común, sostener que para tener buenas relaciones con un vecino sea requisito indispensable estar de acuerdo con todos los planteamientos que él formule. Tal nivel de aquiescencia no se espera, al menos en el mundo occidental, ni aun entre cónyuges. Así parece entenderlo, por lo demás, la propia República Argentina, tal como queda de manifiesto, por ejemplo, si se revisa la que ha sido su postura en las diferencias que ha tenido con nuestro país en distintos temas (incluido, por cierto, el limítrofe), a lo largo de la historia.

En segundo lugar, porque no resulta razonable entender que la condición de país sudamericano, por importante que pudiera llegar a ser considerada, deba erigirse en el criterio único o exclusivo a partir del cual deban adoptarse las decisiones de política exterior. Hace ya casi 40 años (y cuando la opinión pública parecía moverse en un sentido muy distinto), Chile adoptó una estrategia de apertura e inserción en el mundo que en la actualidad forma parte del patrimonio común de nuestra institucionalidad y representa un elemento clave del éxito que hemos alcanzado y que esperamos en el futuro. No se ve, en consecuencia, cuáles podrían ser las razones para regresar ahora a visiones "cepalianas" de triste memoria.

En tercer lugar, porque no parece fácil para un país como el nuestro, que ha mantenido una opción preferencial por el diálogo y la consideración de razones y antecedentes jurídicos e históricos, adherir ahora a reclamaciones que han incluido el uso no provocado de la fuerza -pronto se cumplirán 30 años desde la frustrada invasión de las islas por parte de Argentina en 1982- y otros medios de presión (como las restricciones a vuelos comerciales a las islas), reclamaciones que, además, intentan convertir una cuestión bilateral en un asunto multilateral. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, Bolivia decidiera seguir un camino semejante en relación a los reclamos que cada cierto tiempo plantea respecto de nuestro país?

En cuarto lugar, porque parece extraño que en estos tiempos en que se insiste tan enfáticamente en la importancia de considerar en las decisiones que se adoptan la opinión de las respectivas comunidades locales, no parezca tomarse siquiera en cuenta el hecho de que los propios habitantes de las islas, cada vez que se les ha consultado, se han pronunciado, expresa y libremente, por mantenerse vinculados al Reino Unido, tal como lo han estado desde 1833. ¿Cómo se justifica esta ausencia de consideración, teniendo en cuenta que la política exterior de Chile siempre ha proclamado como principio fundamental el respeto a la libre determinación de los pueblos?

La decisión que debe adoptar Chile en esta materia es compleja y, por cierto, son muchos los factores que deben ser analizados. Si, como suele decirse, la política exterior es, por excelencia, una política de Estado, parece especialmente importante que dicha decisión se adopte considerando principalmente las razones involucradas, más que atendiendo a las emociones que puedan predominar en el momento.

(*) Don Germán Concha Zavala es Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile.